Mercedes Benz Argentina
Durante la dictudura militar, en la fábrica de Mercedes-Benz Argentina desaparecieron 14 obreros. Desde la publicación de mi primera investigación en agosto de 1999 en la radio WDR, se recurrió a numerosos tribunales para esclarecer los crímenes y hacer justicia.
El "Juicio de la verdad” en La Plata debe esclarecer el destino de los desaparecidos durante la dictadura militar, entre ellos Esteban Reimer, miembro de la comisión interna de la Mercedes-Benz. El tribunal ha llamado a declarar a varios testigos. Pero no tiene facultad punitiva, es decir, no puedo condenar a nadie.
En nombre del Colegio Republicano de Abogados el abogado Wolfgang Kaleck formuló una denuncia penal contra el jefe de producción de la MBA, Juan Ronaldo Tasselkraut por complicidad en el asesinato de los obreros.
Después de varios años, la Oficina del Fiscal de Nuremberg, cerró la causa, diciendo que no se podía probar que los desaparecidos estaban muertos y que no reaparecerán algún día.
Y, finalmente, el Oberlandesgericht Karlsruhe decidió que el pleito en el marco de un juicio civil en los EEUU contra la DaimlerChrysler no podía ser entregado a la empresa en Alemania, porque el juicio amenazaba la seguridad nacional.
Después de haber presentado los cargos en las asambleas de los accionistas, la Daimler-Benz AG contrató el profesor de derecho internacional, Christian Tomuschat. Él publicó su informe en diciembre de 2003. Amnistía Internacional lo condenó como “defectuoso” y “lleno de prejuicios”, la prensa habló de un "informe de cortesía". Me hubiera gustado poner en este sitio su informe para ser descargado, pero la Daimler AG, que posee los derechos al mismo, me prohibía la publicación.
En Argentina, regía la impunidad durante muchos años. Fue el Presidente Néstor Kirchner quien hizo derogar las leyes de amnistía. Sin embargo, el proceso penal contra Daimler no avanza. En 2002, se hizo una denuncia penal por asociación ilícita, inculpando a los militares, los gerentes de Mercedes-Benz Argentina, el jefe del sindicato SMATA José Rodríguez y Carlos Ruckauf, Ministro de Trabajo hasta 1976. El Presidente Kirchner recibió en mayo de 2005 a los familiares y prometió una investigación profunda y justicia.
En San Francisco (California), los familiares y sobrevivientes abrieron en 2004 un juicio civil contra la DaimlerChrysler AG. Estas dos empresas fusionaron en 1998 y mantenían dos casas matrices con los mismos derechos, una en Auburn Hills, Michigan, y la otra en Stuttgart, Alemania. Era el "casamento hecho en el cielo" - así festejaron la fusión.
Se basan en una Ley que permite a extranjeros el acceso a los tribunales norteamericanos. Los abogados de la Daimler AG hacen todo lo posible de evitar la abertura del juicio en los EEUU. Argumentan que los querellantes pueden abrir una causa civil en Argentina - cosa que juridicamente es imposible por la ley argentina. Download dokument
Según mis informaciones, la presidenta alemana Angela Merkel protestó personalmente contra la abertura del juicio en los EEUU. Pregunté al Ministerio de Relaciones Exteriores y recibí una respuesta clara: "no tenemos objeciones contra el juicio en los EE.UU." Download Pero la presidencia alemana contestó que "no se encuentran documentos" en sus archivos al respecto.Download Contestando una pregunta parlamentaria, la Oficina de la Señora Merkel escribió: "Durante su visita en los EE.UU. en noviembre de 2009, la Canciller no ha mencionado este juicio civil". Claro, no durante su visita en noviembre. La pregunta se refería si presionó ANTES de la sentencia. Download dokument
El 28 de agosto de 2009, el Tribunal de Apelación de San Francisco emitió una sentencia, negando la competencia geográfica. Argumentó que puede haber un "foro alternativo" (Argentina y / o Alemania) y que "Mercedes-Benz de EE.UU. no era agente responsable de la empresa alemana DaimlerChrysler SA". Download sentencia traducida
Stephen Reinhardt, uno de los tres jueces, no estuvo de acuerdo. La alemana DaimlerChrysler SA, escribió, "ganó el 45% de sus ganancias anuales con sus ventas en los EE.UU., el 2,4% de sus ventas globales proviene de California. (...) Daimler ha optado a exponerse al riesgo de ser investigado por la justicia estadounidense cuando decidió de hacer grandes negocios en los EE.UU. a través de las operaciones de su agente. No estamos violando la soberanía alemana, si tomamos el caso".
En Mayo del 2010, los mismos jueces decidieron la anulación de su propio fallo ("vacated") y en Noviembre del 2011, la Corte de Apelaciones de San Francisco rechazó el pedido de la Daimler S.A. de volver a escuchar ("en banc") el caso. La empresa prueba de evitar con todas las medidas la abertura del juicio en California y fue a la Suprema Corte de los EEUU. Esta decidió en Abril 2013 de aceptar la solicitud. Daimler ganó tiempo.
Se largó una verdadera batalla “amicus” en curso. Amicus Curiae briefs son declaraciones de organizaciones o personas que no forman parte en una causa que quieren exponer su opinión sobre el proceso. Hay una larga lista de Amici tomando posición a favor de la Daimler: Automobile Manufacturers Inc., Association of Global Automakers, Atlantic Legal Foundation, New England Legal Foundation, Associated Industries of Massachusetts (fusión de empresas en defensa del libre comercio en el Commonwealth), US-Chamber of Commerce, National Foreign Trade Council, Organization for International Investment, European Banking Federation, Bundesverband der Deutschen Industrie (Asociación de la Industria Alemana, Deutscher Industrie- und Handelskammertag, Bundesverband Deutscher Banken, Schweizer Bankiervereinigung (los bancos suizos), ICC Switzerland (Cámara de Comercio suiza) y Economiesuisse. Esta última es, como dice, la Federación de la industria suiza y representa dos millones de puestos de trabajo suizos, quiere decir: titulares de cuentas bancarias.
Los Amici sólo llevan pocos argumentos puramente legales: "Los hechos han pasado más de 30 años, pasaron al otro lado del mundo, en Argentina, y no tienen nada que ver con California o los Estados Unidos. (Entre los querellantes) no está ningún ciudadano de los EE.UU. y los EE.UU. no tienen relación con los acontecimientos"( Association of Global Automakers). La cláusula del debido proceso – el derecho de cada ciudadano de tener un procedimiento correcto - se infringe cuando los jueces se toman el derecho de juzgar sobre cosas que no son de su competencia. Y, dicen, Mercedes-Benz EE.UU. tiene una "personalidad jurídica propia" y con la casa matriz alemana sólo conexiones sueltas. No sólo los empresarios alemanes correrían el riesgo de ser responsabilizados en los tribunales de EE.UU... Asimismo, los empresarios de Estados Unidos estarían en peligro de ser considerados responsables en otra parte del mundo, General Motors o Ford.
Los Amici amenazan abiertamente con una guerra económica. "Estas consecuencias podrían causar un daño significativo a la economía de EE.UU.. Se disminuiría la inversión extranjera, que contribuye significativamente a la economía de los EE.UU.. En 2009, las empresas nacionales controladas por extranjeros representaron casi el 14% del impuesto recaudado. Es decir: Si se confirma la sentencia, el ingreso fiscal estadounidense se reducirá en un 14 por ciento. 5,6 millones de empleos en Estados Unidos se encuentran en las fábricas de las empresas extranjeras. En promedio, los trabajadores ahí ganan 77.409 dólares, 36 por ciento más que en el resto de la economía. Los extranjeros facturan 649,3 mil millones e inviertan 149 mil millones cada año. La sentencia "amenaza de provocar un efecto abrumador sobre la inversión extranjera y tendrá efectos horrorosos sobre la economía estadounidense".
La lista de los amigos de Bárbara Bauman es corta: Terry Collingsworth, el abogado de las víctimas, dice que la DaimlerChrysler no era en el 2004 una empresa extranjera: "Mantiene dos sedes operativas con iguales derechos - una ubicada en la sede de Chrysler (en) Auburn Hills, Michigan, y otra se encuentra en la sede de Daimler-Benz en Stuttgart, Alemania. "En mayo de 1998, los dos fabricantes de automóviles se habían fusionado - el" matrimonio perfecto hecho en el cielo", con dos casas matrices y directores que figuraban en ambos lugares.
Desafortunadamente, el gobierno de EE.UU. se dejó chantajear. Mientras en el caso Kiobel (contra la petrolera Shell por la participación en escuadrones de la muerte en Nigeria) había solicitado la apertura del juicio en un tribunal de EE.UU.. Este caso había sido decidido negativamente en abril de este año. Después, Obama fue a Berlín y habló entusiasmado a lado la Merkel frente a la Puerta de Brandemburgo cobre el acuerdo de libre comercio prevista entre los EE.UU. y Europa. En julio, su Departamento de Justicia presentó un amicus a favor de la Daimler. Un juicio traería graves consecuencias y violaría los intereses diplomáticos y comerciales de los Estados Unidos. "Afirmaciones expansivos de jurisdicción general sobre las empresas extranjeras pueden operar en detrimento de las relaciones diplomáticas de los Estados Unidos".
Obama podría haber dicho que es el interés de los Estados Unidos, que se consideran "cuna de la democracia", luchar contra la tortura y que todas las empresas que generan en su territorio grandes ganancias, tienen que cumplir con ciertas reglas: la regla de no torturar en otro lugar.
El 15 de Octubre de 2013, la Corte Suprema escuchó el caso. Daimler probablemente había esperado un proceso breve, porque el Tribunal Supremo es considerado amable con las corporaciones. Pero no fue tan fácil. El juez Scalia preguntó acerca de la actual "ley de brazo largo", una ley de California que permite la extensión de la jurisdicción si, por ejemplo, se buscan activos de una firma en el extranjero. El presidente de la Corte Suprema Roberts señaló que ningún artículo de la Constitución de EE.UU. prohíbe a un Estado hacer responsable a una sucursal local de los actos de la casa matriz. “Si California dice, tomamos el caso –¿cuál sería el problema constitucional?” Para Breyer tampoco se viola la Constitución cuando un Estado extiende la jurisdicción de sus tribunales para la casa matriz en el exterior. Sería un "gran problema" (“big problem”) para atraer inversores en el futuro, pero no hay ninguna violación constitucional. "Si un Estado de EE.UU. acepta un juicio por un siniestro que ocurrió en el extranjero, creo que lo puede hacer, pero es bastante extraño ("pretty odd”).
La Jueza Sotomayor recordó la ampliación de la competencia en 1983 en la sentencia "Container Corp.“. Con ésta, querían incluir las ganancias en el extranjero en el cálculo del impuesto sobre la renta. Para el abogado de la Daimler y el representante del Ministerio de Justicia son dos cosas diferentes: una es materia fiscal, mientras la otra es de competencia judicial en general. Para Ginsburg siempre existió jurisdicción estadounidense sobre la Mercedes-Benz USA. La cuestión es, sin embargo, dónde tuvo lugar el siniestro. “Supongamos que debido a un accidente de tránsito en una carretera de California resultaran heridos ciudadanos californianos. Y se supone que este accidente ocurrió a causa de un defecto de fabricación de coches de la Mercedes-Benz. En ese caso podría ser demandada sólo la oficina en EE.UU. o también la casa matriz alemana? Ese es el caso típico de la ley ‘de brazo largo’”. Y, preguntó el juez Kennedy, “¿Acaso la propia Daimler no reconoció la jurisdicción de California al instalar una sucursal allí?”
Los jueces del tribunal federal de San Francisco quieren seguir adelante con el caso y tienen el derecho de hacerlo. La Corte Suprema sólo puede interferir en la independencia judicial si se viola la Constitución. Pero este no es el caso -dejó claro el presidente de la Corte Roberts-. Si el tribunal en San Francisco quiere asustar a los inversores es "bastante extraño" pero no anti constitucional.
Bueno, pasaron tres meses y no sabemos porque los jueces cambiaron su argumentación. El 14 de Enero 2014, la Corte Suprema anuló la sentencia del Tribunal de Apelaciones de California. Lo que se había discutido en la audiencia de octubre, ni se mencionó. Tampoco se habló de la "independencia de un juez"; incluso si Mercedes- Benz EE.UU. estuviera “en casa” en California y dependería de la sede central en Stuttgart, no podría ser objeto de jurisdicción general en California, dice la sentencia. Los crímenes se habían producido fuera de los EE.UU., por lo que no deben ser juzgados en los Estados Unidos.
Claro, si un fondo de inversión con sede en las islas de Caimán abre un juicio contra el Estado argentino ante un tribunal de EE.UU. por el pago de la deuda externa y tasas de interés de usura, la justicia estadounidense es competente. Pero si una multinacional participa en la tortura y el asesinato a sus sindicalistas y en el robo de bebés, la Suprema Corte prohíbe la abertura de las investigaciones. Con la extorsión se llega siempre.
"El Tribunal en San Francisco prestó muy poca atención a los riesgos a las costumbres internacionales cuando declaró su competencia general", dice la sentencia apoyándose en los argumentos de los Amici, "la jurisdicción general de los EE.UU. podría desalentar a los inversores extranjeros". Esta sentencia parará todos los juicios futuros que podrían molestar a los "inversores extranjeros", ya que su apertura depende de la voluntad de una parte en el juicio, de la parte adinerada, por supuesto.
Esta argumentación destruye los fundamentos del derecho romano cuyo concepto básico está personificado por Justicia (en latín Iustitia). Ella se presenta hasta hoy con una balanza en su mano izquierda y en su mano derecha con una espada. Sus ojos están vendados, porque tiene que juzgar sin conocer a las partes involucradas (ojos vendados), escuchar y medir los argumentos objetivamente (la balanza) y ejecutar su sentencia con dureza y si es necesario con violencia (la espada). El estatus social de un demandante no debe influenciar el fallo, ante la ley, el rey tiene el mismo derecho que el mendigo. La Corte Suprema de los EE.UU. le arrancó a la diosa Justicia la venda de los ojos. Ordenó que todos los jueces estadounidenses tengan que mirar primero si un juicio podría molestar a un inversor antes de escuchar los argumentos y emitir un fallo.
Pero los pedidos de pruebas de los querellantes fueron manipulados. El Fiscal General, nombrado por Kirchner, se llama Estaban Righi y es no sólo abogado del Presidente sino también de José Rodríguez. Los querellantes pidieron el testimonio del jefe de la Daimler y de directorio, pero la intérprete oficial tradujo "Dirección” y "Consejo de Supervisión" con "Comisión Interna” y el fiscal de Stuttgart llamó a declarar no a los directivos responsables sino a los sindicalistas de la Comisión Interna que nunca tuvieron acceso al archivo interno de la empresa.
He pedido al Colegio de Traductores en Buenos Aires una rectificación de la traducción falsa. Pero respondió lacónicamente que yo misma podría informar a la justicia ordinaria.
Se comunicó al fiscal Federico Delgado el error de traducción, pero él pasó por alto. En 2006, negó su competencia y mandó el expediente al tribunal de San Martín, con el argumento que no podía encontrar en Alemania las pruebas buscadas. El tribunal en San Martín es competente por Campo de Mayo y algunos de los trabajadores de Mercedes-Benz estuvieron en Campo de Mayo. Los abogados de los familiares presentaron otra vez las solicitudes de pruebas. Pero, durante siete años, en Martín no se investigó nada respecto a la empresa y en 2013, la jueza, Alicia Vence, se declaró incompetente, argumentando que algunos obreros de Mercedes estuvieron detenidos y torturados en las comisarias de Avellaneda y San Justo - competencia de La Plata.
Pero, al inicio del 2014, los fiscales en San Martín prometieron de investigar – finalmente y llamar a indagatoria al ex jefe de producción Tasselkraut y al entonces director jurídico Cueva. La prensa oficialista lo agradeció, porque el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner está utilizando el tema de los derechos humanos para su propaganda. Pero al mismo tiempo, la jueza Vence mandó todos los 15 tomos de la causa MBA al Tribunal de La Plata donde no saben que van a hacer.
Es los 14 años de la "investigación" los fiscales y jueces nunca se animaron de pedir el testimonio de los gerentes alemanes y secuestar sus papeles de la época que están en Stuttgart. Los familiares lo están pidiendo desde 14 años.
Cuando el jefe de la Daimler - Zetsche - visitaba Buenos Aires, anunció en la Casa Rosada, junto con la Presidenta, una inversión de unos 800 millones de pesos para la fábrica en González-Catán. De otros pagos la prensa no habló. Cuando Mercedes-Benz festejó sus 60 años en Argentina, Cristina Fernández de Kirchner apareció en la fábrica y largó un discurso entusiasmado sobre la empresa alemana. Ni una palabra sobre los trabajadores desaparecidos o los bebés apropiados.
En Argentina, es muy dudable que estas investigaciones logran determinar la responsabilidad penal y condenar a la Daimler. El sistema judicial argentino es corrupto, y el gobierno no quiere meterse con la gran empresa. Quedó claro que los delitos no van a ser juzgados por un tribunal independiente, la Daimler queda impune, intocable por cualquier tribunal en el mundo. Sin embargo, los intentos haber probado de llevar a la Daimler a la justicia, valían la pena. Daimler tuvo que – vamos a decir - "mover" la Corte Suprema de los EE.UU. para evitar una investigación. Las pruebas contra la empresa siguen vigentes, la Daimler no fue absuelto, ni siquiera por falta de pruebas. Tuvieron que prohibir a los jueces en San Francisco de tratar el caso. Eso es el poder, no es justicia. Los asesinatos siguen impunes. A las víctimas les queda el consuelo de que la gente en todo el mundo sabe muy bien quien se ha beneficiado de los crímenes y por qué la justicia ha fallado una vez frente al poder.
Gracias a todos que han mostrado su solidaridad con las víctimas, especialmente a los abogados Dan Kovalik y Terry Collingsworth y a los jueces de la Corte de Apelaciones en San Francisco. Ellos, al menos, les dieron algo de dignidad.
En marzo de 2022, la jueza Alicia Vence -después de casi 16 años de investigaciones completamente inútiles- dictaminó que no había pruebas suficientes contra Tasselkraut. Ella cerró el caso. Los abogados de las víctimas han apelado contra esto.