Bundesarchiv (Archivo Federal Alemán) por inoperancia (Deutsche Bank, Fundación Adenauer) - a partir de 2011J
Hay varias maneras de mantener el secreto para informaciones consideradas importante para el ejercicio del poder y evitar el acceso público. En Argentina, es muy fácil: hasta hace poco tiempo, no existía una ley del acceso a la información pública y los gobiernos la consideran su propiedad privada. Recién en 2006 se hizo una ley, pero con muchas excepciones. Otros países como Alemania, la almacenan en el sótano de una agencia de inteligencia y dictan leyes para limitar el acceso. Pero después de la sentencia del Tribunal Administrativo Federal en el caso de los "archivos BND re Eichmann", yo podía abrir un camino para llegar a este tipo de material. Así que todavía queda el camino de la "privatización" de los documentos del Estado. Muchos políticos, cuando dejan el cargo, llevan a su casa los documentos oficiales, y después de su muerte, terminan con las fundaciones privadas que decidan lo que quieran, lo que dan a quién y bajo qué condiciones. Ahí, la Ley Federal de los Archivos y la Ley para el Acceso a la Información Pública no rigen.
Busqué la documentación de Hans Globke que tendría que estar en el Bundesachiv en Coblenza y Berlín. Globke era comentarista de las leyes raciales de Núremberg y alto dirigente en el Ministerio del Interior de Hitler. Además, era después de la guerra el todopoderoso secretario de estado de Konrad Adenauer. Muchos de los documentos oficiales se llevó con él, y después de su muerte, su hija donó este material a la Fundación Adenauer en St. Augustin. Y es la hija que quiere decidir quién puede ver estos documentos. Yo quería ver consultar estos papeles sobre el pago de 630 millones de marcos para un proyecto de desarrollo "en el desierto de Neguev (planta nuclear de Dimona de Israel). Sólo después de una presión masiva me mostraron algunos papeles y el resto permanece en secreto. Al menos para mí.
Le pedí al Archivo Federal, tener acceso a estos documentos oficiales. Me contestaron que “lamentamos esta privatización", y le han pedido a las fundaciones e instituciones de entregar estos papeles. Pero por desgracia sin éxito. El Comisionado Federal para la Cultura y los Medios de Comunicación quería darme otras "soluciones". Eso no sucedió.
También he presentado cargos criminales contra el Banco Alemán y la Fundación Konrad Adenauer por el robo de propiedad estatal. Los fiscales de Frankfurt y Bonn se negaron a reabrir las investigaciones. Download document Por lo tanto, el abogado Rafael Thomas presentó una demanda en contra de los Archivos Federales debido a la falta de acción.
En febrero de 2012, el Tribunal Administrativo de Coblenza, emitió la sentencia. Los jueces negaron el derecho para el acceso a estos documentos.Download "El Archivo Federal no tiene facultades legales de buscar estos expedientes”. Esta disposición no existe en la Ley Federal para la Administración del Archivo. Dicen que en contraste con las agencias gubernamentales, fundaciones privadas y la banca alemana no tienen ninguna obligación de proporcionar sus documentos al Archivo Federal. El hecho que estos documentos llegaron ilegalmente a la fundación y al Banco ni lo mencionan. El principio del acceso a la información pública se introdujo por primera vez por la Ley de Libertad de Información en 2005, y, según los jueces, no es un derecho fundamental. Los jueces saben muy bien que el gobierno espera de ellos.
En Julio 2013, mi abogado presentó en la Corte Constitucional en Karlsruhe (BVerfG) una solicitud de declarar inconstitucional las decisiones de los tribunales anteriores. Download
La Corte Constitucional ha pedido al Ministerio Federal de Justicia, el Ministerio de Justicia Renania-Palatinado y el Presidente de la Corte Suprema Civil un comentario. Todos rechazaron emitir una opinión. A continuación, la Corte pidió a todas las fundaciones políticas que hicieran comentarios. Las declaraciones de la Fundación Böll y de la Fundación Rosa Luxemburgo son prácticamente las mismas. No critican el robo de archivos por parte de ministros y secretarios de Estado y están a favor de seguir ocultando los expedientes de Globke y Abs. Ninguna palabra ni exigencia de que todos los documentos sobre el nacionalsocialismo y sus funcionarios estén sobre la mesa y no escondidos en archivos privados del partido. El despacho de abogados Redeker und Dahs redactó la declaración en nombre de la Fundación Ebert (SPD), la misma oficina que representa a Adenauer y ahora al gobierno federal en mi contra. Redeker: “Aparentemente el gobierno federal ha ordenado la divulgación de los documentos presentados por el Sr. Abs y el Dr. Globke o sus herederos fueron llevados a los archivos del Deutsche Bank o a los archivos de la Fundación Adenauer, sin necesidad de hacerlo. No resulta evidente que esta decisión fuera ilegal”. La fundación no quiso decirme cuántos honorarios pagó a Redeker y también la demandé (ver artículo aparte).
El 12 de julio de 2017, la Corte Constitucional Federal rechazó mi solicitud. Los jueces dieron una explicación formal: debería haber dirigido mi petición contra la Presidencia y no contra los Archivos Federales. Lamentablemente, los jueces no mencionan que el robo de expedientes es ilegal. Pero admiten, sin embargo, que los expedientes oficiales siguen siendo propiedad del estado y que su administración por fundaciones privadas no está conforme con los derechos de igualdad porque las fundaciones privados tratan a los usuarios según su criterio mientras el Archivo de la Nación debe tratar a todos igualmente. La sentencia termina con las palabras: "La importancia de la accesibilidad universal a la información tiene que dar énfasis a la libertad del individuo, así como a la comunicación en el estado de derecho democrático, y ponerlas en un equilibrio razonable con intereses conflictivos".
En este caso, se trata de expedientes nazis. Siento mucho que la Corte Constitucional Federal Alemana no haya tenido el coraje de declarar claramente ilegal la práctica ejercida durante décadas de esconder estos expedientes. Los "intereses conflictivos" son prácticas antidemocráticas, autoritarias e ilegales. Hay que eliminarlos, no “ponerlos en un equilibrio razonable”.
Presenté una nueva solicitud a la Presidencia (ver artículo aparte), perdí todas, terminé nuevamente en la Corte Constitucional, que luego ya no aceptó mi demanda para escucharla; hizo exactamente lo contrario de lo que había dicho en su sentencia de 2017. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos también se negó a revisar el asunto. Sin explicación. EGMR Nazi Kontinuität