Hice una solicitud a la Oficina de la Sra. Merkel en 2016 para tener acceso a los expedientes del BSR (Consejo de Seguridad Nacional) sobre las ventas de armas a las dictaduras de Chile, Argentina, Paraguay y Uruguay, de 1972 a 1985. Según la Ley de Archivos Federales, todos los documentos oficiales están abiertos después de 30 años, solo en algunos casos excepcionales, este período puede extenderse. Sin embargo, la Presidencia quiere hacer de esta excepción la regla con tres argumentos:
1) La Presidencia no dispone de un archivo y, a diferencia del Ministerio de Relaciones Exteriores, no está abierto hacia el público. Revisar decenas de miles de documentos sería una "carga administrativa irrazonable". ¿Pero por qué no entrega los archivos del BSR – como dice la ley - al archivo general federal, que es el responsable de manejar grandes cantidades de datos y prepararlos para el público? No hay respuesta.
2) Los archivos del BSR deben mantenerse en secreto mas allá de los 30 años para no dañar la "seguridad nacional". Otros gobiernos podrían sacar conclusiones de esto.
3) Incluso los instrumentos de búsqueda que solicité, los registros, no se puede hacer disponible porque contienen información secreta.

Me enviaron algunos papeles de BSR, sus análisis de artículos de periódicos, algunas páginas fueron eliminadas totalmente, párrafos enteros ennegrecidos, por ejemplo sobre el "caso especial de Chile" y sobre las "bases legales". Estas últimas son obviamente interpretaciones con las cuales la presidencia evitó las prohibiciones legales de exportar armas a países donde hay crisis. En un memorando de BSR sobre la dictadura militar en Buenos Aires se lee: "Argentina es uno de los mayores importadores de armamentos alemanes fuera de la OTAN". El Consejo de Seguridad había aprobado la entrega de submarinos, misiles antitanque, torpedos, cañones y fragatas a Videla y Co. "El tema de los derechos humanos juega un papel importante en el debate público, pero no es uno de los criterios de decisión relevantes según nuestros "principios políticos". La nota es de 1981, aún en la era del socialdemócrata Helmut Schmidt y poco antes de la Guerra de Malvinas.

Me enviaron una lista de dos docenas de documentos que no querían desclasificar de ninguna manera. Llevé la causa al tribunal administrativo. Al mismo tiempo, analicé todos los expedientes de la Cancillería sobre Paraguay desde 1952 a 1985, mucho papel, pero el buen registro del Ministerio hizo que fuera más fácil elegir qué archivos tenía que analizar página por página. Allí encontré las evaluaciones de la Cancillería sobre la exportación de armas de guerra a la sangrienta dictadura de Alfredo Stroessner en la década de 1970: las empresas Rheinmetall y Heckler & Koch suministraron metralletas y cañones, y los oficiales de policía paraguayos fueron enseñados en academias alemanas, incluidos los oficiales que eran conocidos como torturadores. La Cancillería había justificado estas exportaciones con referencia a las "relaciones tradicionalmente buenas". De los protocolos de la BSR, bajo el gobierno socialdemócrata, esperaba pistas sobre si el comercio de armas se había relacionado con donaciones a los partidos políticos alemanes. En la era de Helmut Kohl (desde octubre de 1982), el volumen de las exportaciones de armas se triplicó y ninguna otra área de la economía pagó sobornos tan altos, no solo a los generales sudamericanos.

Quiero acordar: Ludwig Holger Pfahls, Secretario de Estado en el Ministerio de Defensa negoció las exportaciones de tanques a Arabia Saudita, a cambio, aparecieron 3,8 millones de euros en su cuenta suiza. Cuántos de los 220 millones de euros que fueron destinados en total a sobornos fueron pagados al partido demócrata cristiano CDU no se mencionó en los siguientes procesos penales. Pero Pfahls, el tesorero del CDU Walther Leisler Kiep y 2 gerentes de Thyssen fueron condenados por soborno, al igual que la compañía Heckler & Koch por exportaciones ilegales de fusiles a México. Durante muchos años, H&K había donado 10 mil euros a Volker Kauder, jefe durante mucho tiempo del grupo parlamentario del CDU y confidente cercano de Angela Merkel.

La primera instancia no permitió que se aplicara la confidencialidad en general y condenó a la Presidencia por presentar los documentos del BSR retenidos. Sin embargo, el tribunal administrativo consideró que los registros de búsqueda no son parte del archivo. Luego, la Presidencia agregó una "explicación" para seguir con el secreto de cada documento, diciendo por qué su publicación dañaría la seguridad nacional – explicación entre comillas, porque de nuevo solo hicieron declaraciones generales que no fueron probadas por nada.

El 7 de Mayo del 2020, el tribunal superior aceptó estas afirmaciones y mantiene el secreto sobre la mayoría de los documentos. Apelé la decisión.